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Compliance Penal: una aproximación a esta nueva obligación legal

"La conciencia del peligro es ya la mitad de la seguridad y la salvación”

Ramón J. Sender

 

En mayor o menor medida todos ansiamos una cierta seguridad en nuestras vidas. Una seguridad que nos proporcione confianza en nosotros mismos y frente al mundo que nos rodea. Si esta seguridad es tan valorada en el ámbito personal, más aún debe serlo en el ámbito empresarial, en el que la confianza y la trasparencia deben ser la base de toda relación frente a terceros.

 

¿Cómo conseguirla? Es sabiduría popular que “más vale prevenir que curar”, y sólo siendo conscientes de los peligros potenciales y reales que acechan cada día a las empresas y creando sistemas de prevención que impidan que éstos lleguen a materializarse, conseguiremos una actuación segura evitando los posibles daños y sanciones.

En este marco situacional surge el concepto de moda en el mundo jurídico, el compliance o cumplimiento normativo.

 

 

Es a partir de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, cuando empieza a exigirse en España responsabilidad penal a todas aquellas personas jurídicas que no establezcan sistemas internos que eviten la comisión de delitos penales tanto por sus empleados como por sus altos cargos. Sistemas que, para que sean causa de exclusión o exención de responsabilidad penal, deben de ser plenamente eficaces.

 

Como objetivo principal, el compliance persigue la implantación de procedimientos que aseguren el cumplimiento normativo interno y externo de las empresas, lo cual se conseguirá mediante:

 

  • La identificación y evaluación de todos los riesgos que se deriven de las actividades realizadas en las empresas.

  • La elaboración de códigos de conducta internos, así como de  guías de buena praxis y de un manual de cumplimiento normativo.

  • La formación de todos los directivos y trabajadores en los aspectos éticos y legales que rijan la actividad empresarial.

  • La información de cualquier incidencia que se produzca en la actividad diaria de la empresa.

  • La existencia de programas anónimos de denuncia, que fomenten la colaboración en este cumplimiento.

  • La investigación y la adopción de soluciones correctivas.

 

Prevenir --> Detectar --> Corregir

 

Para llevar a cabo la implantación de este complejo sistema de cumplimiento, toda empresa debe de acudir a la guía que facilita la norma ISO 19.600 dictada por la Organización Internacional de Normalización, la cual es aplicable a todo tipo de organización y recoge: el objetivo y campo de aplicación del compliance, las normas para consulta, los términos y condiciones, un análisis de liderazgo, planificación, responsabilidad y apoyo, una evaluación de desempeño y actividades correctivas y de mejora continua que permitan un adecuado desarrollo del programa.

 

Así mismo, como instrumento principal para su desarrollo, se debe acudir a la circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, que actúa como marco de referencia en la evaluación de los programas de compliance, estableciendo criterios uniformes para valorar los modelos de organización y gestión a la hora de investigar la posible imputación de una persona jurídica y conseguir la plena efectividad e idoneidad de los mismos. Si bien deben de respetarse estos criterios básicos, la Fiscalía matiza la importancia de desarrollar un plan de prevención de delitos personalizado a las características de la empresa y adaptado a sus concretos riesgos penales, debiendo de ser claros, precisos, eficaces y redactados por escrito. Estos planes de prevención no deben tener por objeto únicamente evitar la sanción penal de la empresa, sino promover una verdadera cultura ética empresarial.

 

Como principales beneficios, con su aplicación conseguiremos la eliminación de la discrecionalidad y la arbitrariedad en toda actividad empresarial, el desarrollo de una reputación digna de confianza y una trasparencia que nos hará alcanzar la ideal y deseada relación seguridad-confianza.

 

Por todo ello, esta implantación del compliance en nuestra legislación, no debe de ser entendida como una obligación legal que supone un lastre y un desembolso económico para las empresas; sino, como una oportunidad para los empresarios de fomentar mejores relaciones internas y externas y la posibilidad de actuar cada día con la seguridad y tranquilidad de estar haciendo lo correcto.

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