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Ley de Segunda Oportunidad para las personas físicas insolventes

November 1, 2017

“El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse"
Winston Churchill

 

 

El Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social (popularmente conocido como la Ley de Segunda Oportunidad) aprueba una reforma de nuestra legislación concursal dirigida a ampliar a pequeños empresarios y a particulares los beneficios  de la liberación de la deuda remanente tras la conclusión del concurso.

 

Hasta entonces la Ley de Segunda Oportunidad era un anhelo de los emprendedores españoles, que reivindicaban la falta de medidas que les socorriesen en caso de que su proyecto naufragara y quisiesen empezar uno nuevo.

 

La norma pretende dar a las personas naturales un soplo de oxígeno, una oportunidad de empezar de nuevo en la vida económica, y social, sin las ataduras de deudas anteriores.  Así, el artículo 1.1 de la Ley Concursal dispone que: “la declaración de concurso procederá respecto de cualquier deudor, sea persona natural o jurídica”.

 

Puede optar por la segunda oportunidad cualquier particular insolvente –que no pueda hacer frente a los pagos– que no posea más de 5 millones de pasivo y que no hubiera alcanzado otro acuerdo extrajudicial en los 5 años anteriores.

 

 

 

 

 

 

Pero: ¿realmente se libra el deudor de todas las deudas?

 

La ley establece dos excepciones a las deudas que pueden ser exoneradas: "los créditos de derecho público y los créditos por alimentos". Es decir, aunque se libre de las deudas privadas (bancos, proveedores, etc.), el deudor seguirá teniendo que hacer frente a las deudas contraídas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social; también tendrá que soportar la deuda contraída por la pensión de alimentos.

 

Ventajas:

 

Reducción de la deuda a través de quitas, que la misma se pueda saldar mediante un acuerdo de pagos que amplíe plazos e incluso su exoneración.

 

Además el concurso de acreedores paraliza los procedimientos judiciales de embargo y los monitorios de reclamación de cantidad.

 

Un dato importante es que el concurso detiene los intereses de demora que pudiesen ir devengando las deudas.

 

¡Me declaro en concurso!: ¿cuál es el procedimiento?

 

El procedimiento para acogerse a la segunda oportunidad se compone de dos fases. Y aunque no son excluyentes, es indispensable padecer la primera para ser considerado deudor de buena fe.

 

La primera fase es la negociación de un acuerdo extrajudicial de pagos. Así, para arrancar el proceso es necesario el apoyo de un mediador concursal que ayude a llegar a un acuerdo con los acreedores.

 

Para la adopción del acuerdo se requiere el apoyo del 60% de la deuda contraída.

 

Cabe señalar que los créditos de derecho público no pueden formar parte del acuerdo extrajudicial y los créditos con garantía real (generalmente hipotecas) únicamente podrán incorporarse al acuerdo si así lo deciden los acreedores.

De no lograr un acuerdo el deudor podrá declararse “en quiebra”, técnicamente, solicitar concurso de acreedores voluntario. 

 

La segunda fase se corresponde, como hemos adelantado, con la solicitud de concurso (que se iniciará directamente en fase de liquidación). El concursado pasará a estar supervisado por el mediador que se convierte en administración concursal, órgano imparcial que vela por la recuperación económica del deudor.

 

La administración concursal otorgará una pensión de alimentos que cubra los gastos más necesarios del deudor siempre  de acuerdo a sus ingresos.

 

Una vez finalizado el concurso se establecerá un plan de pagos en cinco años con la deuda pendiente, y  una vez transcurrido ese periodo de tiempo se exonerará el pasivo insatisfecho si el deudor actúa de buena fe.

En este punto es donde se realiza la segunda oportunidad para una familia común a la que le han ejecutado su vivienda y debe el capital pendiente más los intereses y las costas; esta deuda es la que perdona la Ley de la Segunda Oportunidad.

 

Pero, ¿qué es exactamente eso de la "buena fe"?

 

Para que el deudor sea considerado deudor de buena fe, deberá cumplir varios requisitos:

  • Que antes de acudir al concurso, haya intentado alcanzar un acuerdo extrajudicial con sus acreedores.

  • Que el juez no considere que su insolvencia ha sido provocada adrede por el propio deudor (declaración de concurso culpable)

  • Que, en los diez años anteriores a la petición de concurso de acreedores el deudor no haya sido beneficiado por la Ley de Segunda Oportunidad y que tampoco haya sido condenado por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores.

  • Que, en los cuatro años anteriores a la petición del concurso, el emprendedor no haya rechazado una oferta de empleo “adecuada a su capacidad".

En nuestra opinión, la actual norma concursal está recortada sobre el patrón de las personas jurídicas, y por tanto está pensada para empresas; seguramente se podría haber planteado algo más sencillo pero la propuesta nos parece sensata: por fin la persona física y el emprendedor que ilusionado avaló con todos sus bienes a su empresa podrán obtener una segunda oportunidad. 

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